SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)

de 10 de julio de 2014 ( *1 )

«Procedimiento prejudicial — Directiva 2004/38/CE — Artículo 16, apartado 2 — Derecho de residencia permanente de los nacionales de terceros países miembros de la familia de un ciudadano de la Unión — Fin de la vida en común de los cónyuges — Convivencia inmediata con otras parejas durante el período continuado de residencia de cinco años — Reglamento (CEE) no 1612/68 — Artículo 10, apartado 3 — Requisitos — Violación por un Estado miembro del Derecho de la Unión — Examen de la naturaleza de la violación de que se trata — Necesidad de una remisión prejudicial»

En el asunto C‑244/13,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la High Court (Irlanda), mediante resolución de 19 de abril de 2013, recibida en el Tribunal de Justicia el 30 de abril de 2013, en el procedimiento entre

Ewaen Fred Ogieriakhi

Minister for Justice and Equality,

Irlanda,

Attorney General,

An Post,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),

integrado por la Sra. R. Silva de Lapuerta (Ponente), Presidenta de Sala, y los Sres. J.L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.‑C. Bonichot y A. Arabadjiev, Jueces,

Abogado General: Sr. Y. Bot,

Secretario: Sra. L. Hewlett, administradora principal,

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 6 de marzo de 2014,

consideradas las observaciones presentadas:

—

en nombre del Sr. Ogieriakhi, por él mismo,

—

en nombre del Minister for Justice and Equality, Irlanda, el Attorney General y An Post, por las Sras. E. Creedon y B. Lydon, en calidad de agentes, asistidas por el Sr. R. Barron, SC, la Sra. E. Brennan, BL, y el Sr. R. Barrett, adviser,

—

en nombre del Gobierno helénico, por la Sra. T. Papadopoulou, en calidad de agente,

—

en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad de agente,

—

en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. J. Enegren, la Sra. C. Tufvesson y el Sr. M. Wilderspin, en calidad de agentes,

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 14 de mayo de 2014,

dicta la siguiente

Sentencia

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto, por una parte, la interpretación del artículo 16, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158, p. 77, con corrección de errores en DO L 229, p. 35), y del artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CEE) no 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (DO L 257, p. 2, EE 05/01, p. 77), y, por otra parte, la determinación de los efectos de la presentación por un tribunal nacional de una petición de decisión prejudicial sobre la cuestión de fondo del derecho de residencia permanente, en relación con la apreciación por dicho tribunal de la existencia de una violación manifiesta del Derecho de la Unión por parte del Estado miembro de que se trata, en el contexto de un recurso de indemnización por violación del Derecho de la Unión.

Esta petición se ha presentado en el marco de un litigio entre el Sr. Ogieriakhi, por una parte, y el Minister for Justice and Equality, Irlanda, el Attorney General y An Post, por otra, sobre una demanda de indemnización de daños y perjuicios presentada por aquél contra ese Estado miembro, basada en la jurisprudencia nacida de la sentencia Francovich y otros (C‑6/90 y C‑9/90, EU:C:1991:428) y en la que se invoca un pretendido incumplimiento de sus obligaciones por parte de Irlanda en lo que respecta a la transposición de la Directiva 2004/38.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

Directiva 2004/38

Con arreglo al considerando 17 de la Directiva 2004/38:

«El disfrute de una residencia permanente para los ciudadanos de la Unión que hayan decidido instalarse de forma duradera en un Estado miembro de acogida refuerza el sentimiento de pertenencia a una ciudadanía de la Unión y es un elemento clave para promover la cohesión social, que figura entre los objetivos fundamentales de la Unión. Conviene por lo tanto establecer un derecho de residencia permanente para todos los ciudadanos de la Unión que hayan residido en el Estado miembro de acogida de conformidad con las condiciones establecidas en la presente Directiva, durante un período ininterrumpido de cinco años de duración y sin haber sido objeto de una medida de expulsión.»

Bajo el título «Definiciones», el artículo 2 de la Directiva 2004/38 dispone lo siguiente:

«A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

“Ciudadano de la Unión”: toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro.

“Miembro de la familia”:

el cónyuge,

[...]

“Estado miembro de acogida”: el Estado miembro al que se traslada el ciudadano de la Unión para ejercer su derecho de libre circulación y residencia.»

El artículo 3 de esta Directiva, titulado «Beneficiarios», dispone lo siguiente en su apartado 1:

«La presente Directiva se aplicará a cualquier ciudadano de la Unión que se traslade a, o resida en, un Estado miembro distinto del Estado del que tenga la nacionalidad, así como a los miembros de su familia, tal como se definen en el punto 2 del artículo 2, que le acompañen o se reúnan con él.»

Bajo el título «Derecho de residencia por más de tres meses», el artículo 7 de la misma Directiva establece lo siguiente en sus apartados 1 y 2:

«1. Todo ciudadano de la Unión tiene derecho de residencia en el territorio de otro Estado miembro por un período superior a tres meses si:

es un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia en el Estado miembro de acogida [...]

[...]

2. El derecho de residencia establecido en el apartado 1 se ampliará a los miembros de la familia que no sean nacionales de un Estado miembro cuando acompañen al ciudadano de la Unión o se reúnan con él en el Estado miembro de acogida, siempre que dicho ciudadano cumpla las condiciones contempladas en las letras a), b) o c) del apartado 1.»

El artículo 13, apartado 2, de esta Directiva está redactado así:

«Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo, el divorcio, la anulación del matrimonio o el fin de la unión registrada mencionada en la letra b) del punto 2 del artículo 2 no supondrá la pérdida del derecho de residencia de los miembros de la familia del ciudadano de la Unión que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro:

cuando el matrimonio o la unión registrada haya durado, hasta iniciarse el procedimiento judicial de divorcio o de anulación o finalizar la unión registrada mencionada en la letra b) del punto 2 del artículo 2, al menos tres años, de los cuales uno al menos en el Estado miembro de acogida, o

cuando la custodia de los hijos del ciudadano de la Unión hubiere sido confiada al cónyuge o a la pareja que no tenga la nacionalidad de un Estado miembro por mutuo acuerdo entre los cónyuges o la pareja mencionada en la letra b) del punto 2 del artículo 2 o por decisión judicial, o

cuando así lo exigieran circunstancias especialmente difíciles, como por ejemplo, haber sido víctima de violencia doméstica durante el matrimonio o la unión registrada,

cuando, por mutuo acuerdo entre los cónyuges o las parejas mencionadas en la letra b) del punto 2 del artículo 2 o por decisión judicial, el cónyuge o la pareja que no tenga la nacionalidad de un Estado miembro tenga derecho a visitar al menor, siempre que el órgano judicial haya dispuesto que dicha visita tenga lugar en el Estado miembro de acogida, y por el período de tiempo que sea necesario.

Antes de adquirir el derecho de residencia permanente, el derecho de residencia de los interesados seguirá estando sujeto al requisito de poder demostrar que son trabajadores por cuenta ajena o propia, o que disponen, para sí y para los miembros de su familia, de recursos suficientes para no convertirse durante su período de residencia en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida, así como de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el Estado miembro de acogida, o bien ser miembros de la familia, ya constituida en el Estado miembro de acogida, de una persona que cumpla estos requisitos. Los “recursos suficientes” serán los definidos en el apartado 4 del artículo 8.

Dichos miembros de la familia seguirán conservando su derecho de residencia exclusivamente a título personal.»

En el capítulo IV de la Directiva 2004/38, titulado «Derecho de residencia permanente», el artículo 16 de ésta, titulado a su vez «Norma general para los ciudadanos de la Unión y los miembros de su familia», está formulado así:

«1. Los ciudadanos de la Unión que hayan residido legalmente durante un período continuado de cinco años en el Estado miembro de acogida tendrán un derecho de residencia permanente en éste. Dicho derecho no estará sujeto a las condiciones previstas en el capítulo III.

2. El apartado 1 será asimismo aplicable a los miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro y que hayan residido legalmente durante un período continuado de cinco años consecutivos con el ciudadano de la Unión en el Estado miembro de acogida.

3. La continuidad de la residencia no se verá afectada por ausencias temporales no superiores a un total de seis meses al año, ni por ausencias de mayor duración para el cumplimiento de obligaciones militares, ni por ausencias no superiores a doce meses consecutivos por motivos importantes como el embarazo y el parto, una enfermedad grave, la realización de estudios o una formación profesional, o el traslado por razones de trabajo a otro Estado miembro o a un tercer país.

4. Una vez adquirido, el derecho de residencia permanente sólo se perderá por ausencia del Estado miembro de acogida durante más de dos años consecutivos.»

Con arreglo al artículo 18 de esta misma Directiva:

«Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17, los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión contemplados en el apartado 2 del artículo 12 y en el apartado 2 del artículo 13, que cumplan las condiciones en ellos previstas, adquirirán el derecho de residencia permanente tras haber residido legalmente, durante cinco años consecutivos, en el Estado miembro de acogida.»

Reglamento no 1612/68

El artículo 10 del Reglamento no 1612/68 dispone lo siguiente:

«1. Con independencia de su nacionalidad, tendrán derecho a instalarse con el trabajador nacional de un Estado miembro empleado en el territorio de otro Estado miembro:

su cónyuge y sus descendientes menores de 21 años o a su cargo,

los ascendientes del trabajador y de su cónyuge que estén a su cargo.

2. Los Estados miembros favorecerán la admisión de cualquier miembro de la familia que no se beneficie de lo dispuesto en el apartado 1, si se encontrase a cargo, o viviese, en el país de origen, con el trabajador antes mencionado.

3. A los efectos de los apartados 1 y 2, el trabajador deberá disponer de una vivienda para su familia, considerada como normal para los trabajadores nacionales en la región donde esté empleado, sin que esta disposición pueda ocasionar discriminación entre los trabajadores nacionales y los trabajadores provenientes de otros Estados miembros.»

Derecho irlandés

El Reglamento relativo a las Comunidades Europeas (Libre circulación de personas) de 2006 [European Communities (Free Movement of Persons) Regulations 2006, SI 2006, no 656, en lo sucesivo, «Reglamento de 2006») introduce en el Derecho irlandés las disposiciones de la Directiva 2004/38.

El artículo 12 de este Reglamento transpone el artículo 16 de esa Directiva.

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

El Sr. Ogieriakhi, de nacionalidad nigeriana, llegó a Irlanda en mayo de 1998, fecha en la que solicitó asilo político. En mayo de 1999 contrajo matrimonio con una ciudadana francesa, la Sra. Georges. Tras el matrimonio retiró su solicitud de asilo y obtuvo un permiso de residencia para el período comprendido entre el 11 de octubre de 1999 y el 11 de octubre de 2000. Al finalizar este período solicitó la renovación de su permiso de residencia, que le fue concedida para el período comprendido entre el 11 de octubre de 2000 y el 11 de octubre de 2004.

Entre 1999 y 2001 el Sr. Ogieriakhi y su esposa vivieron juntos en Dublín (Irlanda) en diferentes viviendas alquiladas.

Poco después de agosto de 2001, la Sra. Georges abandonó el domicilio conyugal para instalarse en el domicilio de otro hombre. A continuación, el Sr. Ogieriakhi abandonó a su vez el domicilio conyugal para irse a vivir con una ciudadana irlandesa, la Sra. Madden, con la que tuvo un hijo, que nació en diciembre de 2003. Ha quedado acreditado que, a partir de 2002, la Sra. Georges no intervino en absoluto en lo que respecta a facilitar u ofrecer alojamiento al Sr. Ogieriakhi.

En el período comprendido entre octubre de 1999 y octubre de 2004, exceptuando un mes, la Sra. Georges trabajó o percibió prestaciones de la seguridad social supeditadas al requisito de búsqueda de trabajo. En diciembre de 2004 abandonó Irlanda y volvió con carácter definitivo a Francia.

El divorcio entre el Sr. Ogieriakhi y la Sra. Georges se pronunció en enero de 2009. En julio de ese mismo año, el Sr. Ogieriakhi contrajo matrimonio con la Sra. Madden. Posteriormente, en 2012, el Sr. Ogieriakhi obtuvo la nacionalidad irlandesa por naturalización.

En septiembre de 2004, el Sr. Ogieriakhi había solicitado la renovación de su permiso de residencia. Sin embargo, su solicitud fue desestimada, basándose en que el Sr. Ogieriakhi no había podido demostrar que la Sra. Georges ejerciera en ese período los derechos que le co