Asunto T‑27/02

Kronofrance SA

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Ayudas de Estado – Decisión de la Comisión de no plantear objeciones – Recurso de anulación – Admisibilidad – Directrices multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de inversión»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta ampliada) de 1 de diciembre de 2004

Sumario de la sentencia

1. Recurso de anulación – Motivos – Falta de legitimación – Motivo de orden público – Consecuencias

2. Recurso de anulación – Personas físicas o jurídicas – Actos que les afectan directa e individualmente – Decisión de la Comisión dirigida a un Estado miembro, por la que se declara la compatibilidad de una ayuda de Estado con el mercado común sin incoar un procedimiento de investigación formal – Recurso de los interesados en el sentido del artículo 88 CE, apartado 2 – Admisibilidad

[Arts. 88 CE, aps. 2 y 3, y 230 CE, párr. 4, Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, arts. 4 y 6]

3. Ayudas otorgadas por los Estados – Proyectos de ayudas – Examen por la Comisión – Fase preliminar y fase contradictoria – Compatibilidad de una ayuda con el mercado común – Dificultades de apreciación – Obligación de la Comisión de iniciar el procedimiento contradictorio

[Arts. 88 CE, aps. 2 y 3, Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, art. 4]

4. Ayudas otorgadas por los Estados – Examen por la Comisión – Facultad de apreciación de la Comisión – Posibilidad de adoptar directrices – Ayuda comprendida dentro del ámbito de aplicación de las Directrices multisectoriales – Efecto vinculante – Control jurisdiccional

(Art. 87 CE, ap. 3)

5. Ayudas otorgadas por los Estados – Proyectos de ayudas – Examen por la Comisión – Directrices multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de inversión – Cálculo de la intensidad máxima de ayuda otorgable – Apreciación de la situación de la competencia – Criterios de valoración

(Art. 87 CE, Directrices multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de inversión, puntos 3.4 y 3.10.1)

1. El motivo de inadmisibilidad basado en la falta de legitimación de la parte demandante constituye un motivo de orden público que puede, e incluso debe, ser examinado de oficio por el juez comunitario y que, por consiguiente, puede invocar la parte demandada en cualquier fase del proceso.

(véase el apartado 30)

2. A efectos del control por la Comisión de las ayudas de Estado, deber distinguirse, por una parte, la fase previa de examen de las ayudas, establecida en el artículo 88 CE, apartado 3, y regulada en el artículo 4 del Reglamento nº 659/1999, que sólo tiene por objeto permitir a la Comisión formarse una primera opinión sobre la compatibilidad parcial o total de la ayuda controvertida y, por otra, el procedimiento de investigación formal, previsto en al artículo 88 CE, apartado 2, y en el artículo 6 del Reglamento nº 659/1999, cuya finalidad es permitir a la Comisión obtener una información completa sobre el conjunto de los datos del asunto. Sólo en relación con esta última fase el Tratado establece la obligación de la Comisión de requerir a los interesados para que presenten sus observaciones.

Cuando, sin iniciar el procedimiento del artículo 88 CE, apartado 2, la Comisión declara, sobre la base del apartado 3 del mismo artículo, que una ayuda es compatible con el mercado común, los beneficiarios de las garantías de procedimiento previstas en dicho apartado 2 únicamente pueden obtener su respeto si tienen la posibilidad de impugnar ante el órgano jurisdiccional comunitario dicha decisión de la Comisión. En consecuencia, cuando una parte demandante intenta que se respeten las garantías de procedimiento previstas en el artículo 88 CE, apartado 2, por medio de un recurso de anulación contra una decisión de la Comisión adoptada al término de la fase preliminar de examen, el mero hecho de que tenga la condición de interesada en el sentido de dicha disposición basta para que se la considere directa e individualmente afectada en el sentido del artículo 230 CE, párrafo cuarto. Los interesados son todo Estado miembro y toda persona, empresa o asociación de empresas cuyos intereses podrían verse afectados por la concesión de una ayuda, en particular, el beneficiario de ésta, las empresas competidoras y las asociaciones profesionales.

(véanse los apartados 32, 34 y 37)

3. La fase preliminar de examen establecida por el artículo 88 CE, apartado 3, y regulada por el artículo 4 del Reglamento nº 659/1999, sólo tiene por objeto ofrecer a la Comisión un plazo de reflexión y de investigación que le permita formarse una primera opinión sobre los proyectos de ayudas notificados, con el fin de decidir, sin necesidad de un examen en profundidad, que tales proyectos son compatibles con el Tratado o, por el contrario, declarar que su contenido plantea dudas al respecto.

El procedimiento de investigación formal, que permite a la Comisión estar completamente instruida sobre todos los datos del asunto antes de adoptar su Decisión, reviste un carácter indispensable desde el momento en que la Comisión encuentra serias dificultades para apreciar si una ayuda es compatible con el mercado común. Por consiguiente, la Comisión sólo puede fundarse en un examen previo para adoptar una decisión de no plantear objeciones con respecto a una ayuda si, al término de ese examen, puede llegar al convencimiento de que el proyecto pertinente es compatible con el Tratado. En cambio, si este primer examen lleva a la Comisión a la convicción contraria, o ni siquiera le permite superar todas las dificultades planteadas por la apreciación de la compatibilidad de dicha ayuda con el mercado común, la Comisión tiene el deber de recabar todas las opiniones necesarias y de iniciar, para ello, el procedimiento de investigación formal, previsto en el artículo 88 CE, apartado 2.

(véanse los apartados 49 a 52)

4. Si bien, para la aplicación del artículo 87 CE, apartado 3, la Comisión goza de una amplia facultad discrecional, cuyo ejercicio implica valoraciones de tipo económico y social que deben efectuarse en el contexto comunitario, puede imponerse unas orientaciones para el ejercicio de sus facultades de apreciación mediante actos como las líneas directrices, en la medida en que los citados actos contengan normas indicativas acerca de la orientación que debe seguir la citada institución y no se separan de las normas del Tratado. Cuando la Comisión adopta líneas directrices destinadas a precisar, cumpliendo el Tratado, los criterios que se propone aplicar en el ejercicio de su facultad discrecional, resulta de ellas una autolimitación de esta facultad, dado que debe atenerse a las normas indicativas que ella misma se ha impuesto. En este contexto, corresponde al Tribunal de Justicia comprobar que la Comisión ha cumplido tales normas.

En el marco de la apreciación de la compatibilidad con el mercado común de una ayuda comprendida en el ámbito de aplicación de las Directrices multisectoriales, la determinación del coeficiente corrector aplicable, respecto a la situación de la competencia, es consecuencia de un análisis estructural y coyuntural del mercado que incumbe efectuar a la Comisión, en el momento de adoptar su Decisión, sobre la base de los criterios objetivos señalados en las Directrices multisectoriales. Esta apreciación de la Comisión acerca del coeficiente específico aplicable condiciona el importe de la ayuda que puede declararse compatible con el mercado común.

(véanse los apartados 79 y 102)

5. Cuando, debiendo aplicar las Directrices multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de inversión, la Comisión aprecia el factor relativo a la situación de la competencia, que entra en juego para fijar puntualmente la intensidad de ayuda máxima otorgable a los proyectos sujetos a la obligación de notificación, el análisis cuyo objeto es determinar si el sector de que se trate experimenta un exceso de capacidad estructural constituye, a priori, el primer análisis que la Comisión debe realizar. Del punto 3.10.1 de dichas Directrices se desprende, no obstante, que esta prioridad de la determinación de la existencia o inexistencia de un exceso de capacidad estructural no significa que la Comisión pueda limitarse, en todo caso, únicamente a dicho análisis cuando dispone de datos sobre la tasa de utilización de la capacidad del sector de que se trate. La aplicación del coeficiente corrector superior, que eleva al máximo el importe de la ayuda que puede declararse compatible con el mercado común, implica, en efecto, la previa apreciación de la falta tanto de un exceso de capacidad estructural del sector de que se trate como de un mercado en retroceso, a no ser que se considere que la falta de tal exceso de capacidad implica obligatoriamente la de un retroceso del mercado de productos de referencia, lo que equivaldría a negar la especificidad de estos dos criterios de valoración del factor relativo a la situación de la competencia.

En estas circunstancias, el punto 3.4 de las Directrices multisectoriales debe interpretarse en el sentido de que, en el caso de que los datos relativos a la utilización de la capacidad del sector de que se trate no le permitan llegar positivamente a la conclusión de que existe un exceso de capacidad estructural, la Comisión debe examinar si el mercado de que se trate está en retroceso. Esta interpretación de las Directrices multisectoriales es la única acorde con el artículo 87 CE y con el objetivo de una competencia no falseada a que se refiere dicha disposición.

(véanse los apartados 90, 91 y 96 a 98)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta ampliada)
de 1 de diciembre de 2004(1)

En el asunto T-27/02,

Kronofrance SA, con domicilio social en Sully-sur-Loire (Francia), representada por Me R. Nierer, abogado,

parte demandante,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. V. Kreuschitz y J. Flett, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandada, apoyada porGlunz AG yOSB Deutschland GmbH, con domicilio social en Meppen (Alemania), representadas por los Sres. H.-J. Niemeyer y K. Ziegler, abogados, que designan domicilio en Luxemburgo,

que tiene por objeto la anulación de la Decisión SG (2001) D de la Comisión, de 25 de julio de 2001, de no plantear objeciones contra la ayuda concedida por las autoridades alemanas a Glunz AG,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Cuarta ampliada),

integrado por el Sr. H. Legal, Presidente, la Sra. V. Tiili, el Sr. M. Vilaras, la Sra. I. Wiszniewska-Białecka y el Sr. V. Vadapalas, Jueces,

Secretario: Sr. J. Plingers, administrador,

dicta la siguiente

Sentencia

Marco jurídico

1 Las Directrices comunitarias multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de inversión (DO 1998, C 107, p. 7, en lo sucesivo, «Directrices multisectoriales»), en vigor en el momento de los hechos, establecen las normas de valoración de las ayudas concedidas en tal concepto, comprendidas en su ámbito de aplicación.

2 Con arreglo a las Directrices multisectoriales, la Comisión debe fijar, puntualmente, la intensidad máxima de ayuda otorgable a cada proyecto con sujeción a la obligación de notificación.

3 El punto 3.10 de las Directrices multisectoriales recoge la fórmula de cálculo sobre cuya base la Comisión establece dicha intensidad. La referida fórmula se basa, en primer lugar, en la determinación de la intensidad máxima otorgable que puede aplicarse a las ayudas destinadas a las grandes empresas en la zona considerada, denominada «límite máximo regional» (factor R), límite al que luego se aplican tres coeficientes que corresponden, respectivamente, a la situación de la competencia en el sector considerado (factor T), a la relación capital-empleo (factor I) y al impacto regional de la ayuda de que se trate (factor M). Por lo tanto, la intensidad máxima de la ayuda autorizada corresponde a la formula siguiente: R x T x I x M.

4 Según los puntos 3.2 y 3.3 de las Directrices multisectoriales, el factor «situación de la competencia» implica un análisis cuyo objeto consiste en determinar si el proyecto notificado será desarrollado en un (sub)sector con exceso de capacidad estructural. Para determinar la existencia o no de tal exceso de capacidad, la Comisión tiene en cuenta, a escala comunitaria, la diferencia entre la tasa media de utilización de la capacidad de producción de la industria manufacturera en su conjunto y la tasa de utilización de la capacidad en el sector o subsector de referencia. Este análisis abarca un período de referencia que corresponde a los cinco últimos años de los que se disponga de datos.

5 Existe exceso de capacidad estructural cuando el promedio de la tasa de utilización de la capacidad del (sub)sector pertinente de los cinco últimos años esté más de dos puntos porcentuales por debajo del sector manufacturero en su conjunto. Debe definirse el (sub)sector sobre la base del nivel más bajo de la nomenclatura general de las actividades económicas en las Comunidades Europeas (NACE), establecido en virtud del Reglamento (CEE) nº 3037/90 del Consejo, de 9 de octubre de 1990, relativo a la nomenclatura estadística de actividades económicas en la Comunidad Europea (DO L 293, p. 1), en su versión modificada. Se considera que existe un exceso de capacidad estructural importante cuando la diferencia con respecto al promedio del sector manufacturero es superior a cinco puntos porcentuales (punto 7.7 de las Directrices multisectoriales).

6 Se establece en el punto 3.4 de las Directrices multisectoriales que, si los datos relativos a la utilización de la capacidad son insuficientes, la Comisión debe examinar si la inversión considerada tiene lugar en un mercado en retroceso. A tal efecto, deberá comparar la evolución del consumo aparente del producto o productos de que se trate (es decir, producción más importaciones menos exportaciones) con la tasa de crecimiento del conjunto de la industria manufacturera en el Espacio Económico Europeo (EEE).

7 Se considerará que el mercado del producto o productos de referencia está en retroceso si a lo largo de los últimos cinco años la tasa media de crecimiento anual del consumo aparente del producto o productos en cuestión es significativamente inferior (más del 10 %) al promedio anual del sector manufacturero del EEE en su conjunto, a menos que exista una fuerte tendencia al alza en la tasa de crecimiento relativa a la demanda del producto o productos. Debe entenderse por mercado en retroceso absoluto aquel cuya tasa media de crecimiento anual del consumo aparente a lo largo de los últimos cinco años sea negativa (punto 7.8 de las Directrices multisectoriales).

8 En virtud del punto 3.10.1 de las Directrices multisectoriales, será aplicable al factor T (situación de la competencia), un coeficiente corrector del 0,25, del 0,50, del 0,75 o del 1, en función de los criterios siguientes:

«i) Proyecto que dará origen a un aumento de la capacidad en un sector que se enfrenta a un exceso de capacidad estructural importante y/o a un descenso absoluto de la demanda: 0,25

ii) Proyecto que dará origen a un aumento de la capacidad en un sector que se enfrenta a un exceso de capacidad estructural y/o a un mercado en retroceso y que probablemente reforzará una cuota de mercado elevada: 0,50

iii) Proyecto que dará origen a un aumento de la capacidad en un sector que se enfrenta a un exceso de capacidad estructural o a un mercado en retroceso: 0,75

iv) Ningún efecto negativo probable en relación con los casos de los incisos i) a iii): 1,00.»

Hechos que originaron el litigio

9 Mediante escrito de 4 de agosto de 2000, registrado el 7 de agosto siguiente, la República Federal de Alemania notificó a la Comisión, de conformidad con el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo [88] del Tratado CE (DO L 83, p. 1), un proyecto de ayuda a la inversión a favor de la sociedad Glunz AG para la construcción de un centro integrado de tratamiento de la madera en Nettgau, en el Land de Sajonia-Anhalt (Alemania), proyecto comprendido en el ámbito de aplicación de las Directrices multisectoriales.

10 Al recibir un escrito de la Comisión de 28 de agosto de 2000 indicándoles que la notificación no podía considerarse completa, las autoridades alemanas remitieron información complementaria mediante escritos de 15 de noviembre de 2000 y de 12 de enero de 2001. Dado que este envío no satisfizo plenamente a la Comisión, las autoridades referidas facilitaron más información, mediante escrito de 2 de marzo de 2001, lo que permitió a la institución considerar que la notificación era completa.

11 El 25 de julio de 2001, la Comisión adoptó, con arreglo al artículo 4, apartado 3, del Reglamento nº 659/1999, una Decisión de no formular objeciones contra la concesión de dicha ayuda (en lo sucesivo, «Decisión»).

12 De la Decisión se desprende que el proyecto de inversión debe realizarse en una región que pueda tomarse en consideración, con arreglo al artículo 87 CE, apartado 3, letra a), para la cual la intensidad máxima de la ayuda para el fomento de nuevas inversiones en grandes empresas, asimismo denominada límite máximo regional, sea del 35 % bruto. La ayuda consiste en una subvención no reembolsable que asciende a 46.201.868 euros y en una prima de inversión de 23.596.120 euros, es decir, un total de 69.797.988 euros, para un coste total de inversión subvencionable de 199.400.000 euros.

13 Una parte de 28.610.000 euros de esta ayuda, se destina a la construcción de una fábrica de tableros con filamentos orientados y, la otra parte de 41.180.000 euros a la construcción de una fábrica de tableros de partículas.

14 Sobre la base de una evaluación de la ayuda notificada a la luz de los criterios establecidos por las Directrices multisectoriales, la Comisión expuso en la Decisión las razones por las que los coeficientes correctores aplicables al tipo del 35 % que corresponden a la intensidad máxima que una gran empresa puede obtener en la región de que se trata debían fijarse en:

– 1 para el factor T, relativo a la situación de la competencia en el sector considerado,

– 0,8 para el factor I (relación capital-trabajo),

– 1,5 para el factor M, en relación con la incidencia regional de la ayuda prevista,

es decir, una intensidad máxima admisible del 42 % (= 35 % x 1 x 0,8 x 1,5).

15 En relación, más concretamente, con la valoración del factor T, relativo a la situación de la competencia, la Comisión puntualizó que, con arreglo a los puntos 3.3 y 3.4 de las Directrices multisectoriales, debía limitar su análisis del factor relativo a la situación de la competencia, a la determinación de la existencia o no de exceso de capacidad estructural en el sector respectivo, cuando hay datos suficientes relativos a la tasa de utilización de la capacidad. Al considerar que los dos productos fabricados por Glunz representaban una cuota muy importante de toda la producción de tableros de madera en Europa y refiriéndose al nivel más bajo de la NACE, la Comisión decidió basar su análisis en los datos relativos a la tasa de utilización de la capacidad de la clase 20.20 de la NACE, que incluye la fabricación de los tableros de madera.

16 Tomando como punto de partida datos que abarcan el período comprendido entre 1994 y 1998, contenidos en un estudio facilitado por las autoridades alemanas, la Comisión llegó a la conclusión de que el proyecto de inversión de que se trata supondría un aumento de la capacidad en un sector en el que no hay exceso de capacidad, lo cual justificó la aplicación del coeficiente 1 al factor relativo a la situación de la competencia.

17 Apreciado que el importe de la ayuda que la República Federal de Alemania se proponía conceder a Glunz era conforme con la ayuda máxima autorizada, calculada sobre la base de las Directrices multisectoriales, la Comisión declaró la ayuda notificada compatible con el Tratado CE.

Procedimiento y pretensiones de las partes

18 En estas circunstancias, mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 4 de febrero de 2002, la demandante interpuso el presente recurso.

19 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 3 de julio de 2002, Glunz y OSB Deutschland GmbH solicitaron intervenir en el presente procedimiento en apoyo de las pretensiones de la Comisión.

20 Mediante auto de 10 de septiembre de 2002, el Presidente de la Sala Cuarta ampliada del Tribunal de Primera Instancia admitió dicha intervención. Las partes coadyuvantes presentaron su escrito el 4 de noviembre de 2002 y la demandante presentó, en el plazo fijado al efecto, observaciones sobre dicho escrito.

21 En la vista de 8 de julio de 2004 se oyeron los informes orales de las partes, así como sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia.

22 La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

– Anule la Decisión.

– Condene en costas a la Comisión.

23 La Comisión, apoyada por la partes coadyuvantes, solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

– Declare la inadmisibilidad de recurso.

– Desestime el recurso por infundado.

– Condene en costas a la demandante.

Sobre la admisibilidad

Alegaciones de las partes

24 En la vista la Comisión y las partes coadyuvantes se opusieron a la admisibilidad del recurso.

25 Afirmaron que la ayuda autorizada no afectaba significativamente a la posición de la demandante en el mercado de que se trata. Teniendo en cuenta la situación de las plantas de producción y de los territorios de suministro de los productos de referencia, determinados por el coste del transporte, la intersección de las zonas de comercialización de la demandante y de la empresa beneficiaria de la ayuda es, a su juicio, marginal.

26 La demandante alega que la Comisión vulneró sus derechos de procedimiento al no iniciar indebidamente el procedimiento de investigación formal previsto en el artículo 6 del Reglamento nº 659/1999, que, como parte interesada, le habría permitido presentar observaciones antes de que la Comisión adoptara su Decisión.

27 Recuerda que la definición de la condición de «partes interesadas», contenida en el artículo 1, letra h), del Reglamento nº 659/1999 engloba a las empresas competidoras. Pues bien, considera que la demandante y Glunz son competidoras directas, ya que fabrican los mismos productos comercializados luego en el mismo mercado. Sostiene que la concesión de la ayuda afecta a la situación de la demandante frente a sus competidores en el mercado de que se trata.

28 En estas circunstancias, la demandante alega que la Decisión le afecta directa e individualmente y que, por lo tanto, está legitimada para interponer un recurso de anulación contra dicha Decisión.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

29 La Comisión y las partes coadyuvantes propusieron, por primera vez en el acto de la vista, excepciones de inadmisibilidad del recurso basadas en la falta de legitimación activa de la demandante.

30 De la jurisprudencia se desprende que el motivo de inadmisibilidad basado en la falta de legitimación activa de la parte demandante constituye un motivo de orden público que puede, e incluso debe, ser examinado de oficio por el órgano jurisdiccional comunitario (sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de abril de 2004, Italia/Comisión, C‑298/00 P, Rec. p. I‑0000, apartado 35) y que, por consiguiente, puede invocar la parte demandada en cualquier fase del proceso (véanse, por analogía, las sentencias del Tribunal de Justicia de 20 de febrero de 1997, Comisión/Daffix, C‑166/95 P, Rec. p. I‑983, apartado 25, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de diciembre de 2001, Krupp Thyssen Stainless y Acciai speciali Terni/Comisión, asuntos acumulados T‑45/98 y T‑47/98, Rec. p. II‑3757, apartado 125).

31 Se interpuso el presente recurso de anulación contra una decisión de la Comisión por la que declaró compatible con el mercado común una ayuda individual, que se adoptó al término de la fase previa de examen.

32 A este respecto, procede recordar que a efectos del control por la Comisión de las ayudas de Estado, deber distinguirse, por una parte, la fase previa de examen de las ayudas, establecida en el artículo 88 CE, apartado 3, y regulada en el artículo 4 del Reglamento nº 659/1999, que sólo tiene por objeto permitir a la Comisión formarse una primera opinión sobre la compatibilidad parcial o total de la ayuda controvertida y, por otra, el procedimiento de investigación formal, previsto en al artículo 88 CE, apartado 2, y en el artículo 6 del Reglamento nº 659/1999, cuya finalidad es permitir a la Comisión obtener una información completa sobre el conjunto de los datos del asunto. Sólo en relación con esta última fase el Tratado establece la obligación de la Comisión de requerir a los interesados para que presenten sus observaciones (sentencias del Tribunal de Justicia de 19 de mayo de 1993, Cook/Comisión, C‑198/91, Rec. p. I‑2487, apartado 22, de 15 de junio de 1993, Matra/Comisión, C‑225/91, Rec. p. I‑3203, apartado 16, de 2 de abril de 1998, Comisión/Sytraval y Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, apartado 38, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de enero de 2004, Thermenhotel Stoiser Franz y otros/Comisión, T‑158/99, Rec. p. II‑0000, apartado 57).

33 Cuando, sin iniciar el procedimiento del artículo 88 CE, apartado 2, la Comisión declara, sobre la base del apartado 3 del mismo artículo, que una ayuda es compatible con el mercado común, los beneficiarios de las garantías de procedimiento previstas en el apartado 2 de dicho artículo únicamente pueden obtener su respeto si tienen la posibilidad de impugnar ante el órgano jurisdiccional comunitario dicha decisión de la Comisión (sentencias Cook/Comisión, antes citada, apartado 23, Matra/Comisión, antes citada, apartado 17, Comisión/Sytraval y Brink’s France, antes citada, apartado 47, y Thermenhotel Stoiser Franz y otros/Comisión, antes citada, apartado 69).

34 En consecuencia, cuando una parte demandante intenta que se respeten las garantías de procedimiento previstas en el artículo 88 CE, apartado 2, por medio de un recurso de anulación contra una decisión de la Comisión adoptada al término de la fase preliminar de examen, el mero hecho de que tenga la condición de interesada en el sentido de dicha disposición basta para que se la considere directa e individualmente afectada en el sentido del artículo 230 CE, párrafo cuarto (sentencias Cook/Comisión, antes citada, apartados 23 a 26, Matra/Comisión, antes citada, apartados 17 a 20, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de septiembre de 1998, BP Chemicals/Comisión, T‑11/95, Rec. p. II‑3235, apartados 89 y 90).

35 En el caso de autos ha quedado acreditado que la demandante solicita la anulación de la Decisión por estimar, según expone en su segundo motivo, que la Comisión se negó indebidamente a iniciar el procedimiento de investigación formal previsto en el artículo 88 CE, apartado 2.

36 Además, la demandante reivindica la condición de parte interesada, alegando que es competidora directa de Glunz, ya que fabrica, en su fabrica de Sully-sur-Loire (Francia), los mismos productos que dicha sociedad, los cuales se comercializan posteriormente en los mismos mercados.

37 Debe recordarse que, según la jurisprudencia, los interesados son las personas, empresas o asociaciones que pueden verse afectadas en sus intereses por la concesión de la ayuda, es decir, en particular, las empresas competidoras y las organizaciones profesionales (sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de noviembre de 1984, Intermills/Comisión, 323/82, Rec. p. 3809, apartado 16). Adoptando la solución jurisprudencial mencionada, el artículo 1, letra h), del Reglamento nº 659/1999 establece que por parte interesada debe entenderse «cualquier Estado miembro o cualquier persona, empresa o asociación de empresas cuyos intereses puedan verse afectados por la concesión de una ayuda y, concretamente, el beneficiario de la misma, las empresas competidoras y las asociaciones socioprofesionales».

38 Pues bien, es pacífico en el presente asunto, que la demandante y la empresa beneficiaria de la ayuda fabrican ambas tableros de madera y que existe una superposición de zonas de comercialización de ambas empresas.