SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

de 10 julio de 1984 ( *1 )

En el asunto 63/83,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, por la Newcastle-upon-Tyne Crown Court, destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

The Queen

Kent Kirk,

una decisión prejudicial sobre la competencia de un Estado miembro para aplicar después del 31 de diciembre de 1982 una medida por la que se prohiba a los buques matriculados en otro Estado miembro la pesca en su zona de 12 millas de mar territorial,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres.: A.J. Mackenzie Stuart, Presidente, T. Koopmans, K. Bahlmann e Y. Galmot, Presidentes de Sala, P. Pescatore, A. 0'Keeffe, G. Bosco, O. Due y C. Kakouris, Jueces,

Abogado General: Sr. M. Darmon,

Secretario: Sr. P. Heim,

dicta la siguiente

Sentencia

(No se transcriben los antecedentes de hecho.)

Fundamentos de Derecho

Mediante resolución de 9 de marzo de 1983, recibida en el Tribunal de Justicia el 20 de abril de 1983, la Newcastle-upon-Tyne Crown Court planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación del Derecho comunitario en materia de pesca, con el fin de apreciar la compatibilidad con dicho Derecho de una medida adoptada por el Reino Unido por la que se prohibe a los buques matriculados en Dinamarca la pesca en su zona de 12 millas de mar territorial.

El Reino Unido, mediante la Sea Fish (Specified United Kingdom Waters) (Prohibition of Fishing) Order 1982 (en lo sucesivo, «Sea Fish Order»), prohibió «a los barcos de pesca matriculados en Dinamarca pescar en cualquier parte de la zona de pesca británica situada en el interior de las 12 millas medidas a partir de las líneas de base adyacentes al Reino Unido». El Sr. Kent Kirk, capitán de un barco de pesca danés apresado el 6 de enero de 1983 por un buque de la Royal Navy mientras faenaba en el interior de la zona, fue condenado por la North Shields Magistrates Court a una multa de 30.000 libras. Ante la Newcastle-upon-Tyne Crown Court, Tribunal ante el que había interpuesto recurso, el Sr. Kirk alegó que el Reino Unido no estaba facultado para aplicar la Sea Fish Order 1982 y que por tanto no se había cometido ninguna infracción.

La Newcastle-upon-Tyne Crown Court, estimando que era necesaria una decisión del Tribunal de Justicia para poder apreciar la compatibilidad de la Sea Fish Order con el Derecho comunitario, suspendió el pronunciamiento y planteó al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión:

«Habida cuenta de todas las disposiciones aplicables del Derecho comunitario ¿tiene el Reino Unido competencia, después del 31 de diciembre de 1982, para aplicar la “Sea Fish (Specified United Kingdom Waters) (Prohibition of Fishing) Order” 1982 (Orden por la que se prohibe la pesca marítima en determinadas aguas británicas), en la medida en que dicha disposición prohibe únicamente a los buques matriculados en Dinamarca pescar en las condiciones que ella establece?»

Mediante esta cuestión se pretende esencialmente saber si el Derecho comunitario sobre el ejercicio de la pesca permitía que un Estado miembro, en la época de la promulgación de la Sea Fish Order de que se trata, prohibiese a los buques matriculados en otro Estado miembro determinado la pesca en una zona de mar territorial determinada por la Ley.

El Sr. Kirk estima, apoyado en este punto por los Gobiernos de Dinamarca y de los Países Bajos, que el régimen anterior al Acta de adhesión de 1972 había de aplicarse íntegramente desde el momento de la expiración de las excepciones permitidas para el período transitorio que terminó el 31 de diciembre de 1982. Este régimen, refundido por el Reglamento (CEE) n° 101/76, de 19 de enero de 1976, por el que se establece una política común de estructuras en el sector pesquero (DO L 20, p. 19, EE 04/01, p. 16), contenía, según el Sr. Kirk, el principio de no discriminación, de tal manera que la exclusión de los barcos daneses en virtud de la Sea Fish Order era contraria al Derecho comunitario.

Es preciso recordar a este respecto que el artículo 7 del Tratado dispone que en el ámbito de aplicación de éste, y sin perjuicio de las disposiciones particulares previstas en el mismo, se prohibirá toda discriminación por razón de la nacionalidad.

El Reglamento n° 101/76 que sustituyó al Reglamento (CEE) n° 2141/70 del Consejo, de 20 de octubre de 1970 (DO L 236, p. 1), dispone en el apartado 1 de su artículo 2, en términos idénticos a los del apartado 1 del artículo 2 del Reglamento n° 2141/70, que el régimen aplicado por cada uno de los Estados miembros al ejercicio de la pesca en las aguas marítimas sujetas a su soberanía o su jurisdicción no podrá ocasionar diferencias de trato con respecto a otros Estados miembros. Los Estados miembros asegurarán especialmente la igualdad de las condiciones de acceso y de explotación de los fondos situados en las aguas citadas en el párrafo primero a todos los barcos de pesca que lleven pabellón de alguno de los Estados miembros y estén matriculados en el territorio de la Comunidad.

El apartado 2 del artículo 100 del Acta de adhesión de 1972 estableció una excepción a dichos principios, durante un período que se extendía hasta el 31 de diciembre de 1982, de tal manera que los Estados miembros podían limitar el ejercicio de la pesca por los nacionales de otros Estados miembros en las aguas sometidas a su soberanía o a su jurisdicción, situadas dentro de un límite fijado en principio en 6 millas marinas.

Según el artículo 103 de la misma Acta, corresponde al Consejo examinar, antes del 31 diciembre de 1982 y a propuesta de la Comisión, las disposiciones que podrían seguir a las excepciones vigentes hasta el 31 de diciembre de 1982.

La propuesta modificada del Reglamento del Consejo por el que se instituye un régimen comunitario de conservación y de gestión de los recursos de la pesca, presentada por la Comisión al Consejo el 11 de junio de 1982 (DO C 228, p. 1), contemplaba la ampliación del régimen de excepción del artículo 100 del Acta de adhesión de 1972 a 12 millas marinas y durante un período que se extendía hasta el 31 de diciembre de 1992.

Tras el fracaso de la reunión del Consejo de 21 de diciembre de 1982, que se materializó en la falta de adopción de las disposiciones previstas, la Comisión form