CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. HENRI MAYRAS

presentadas el 23 de noviembre de 1977 ( *1 )

Señor Presidente,

Señores Jueces,

El litigio principal que dio lugar a la presente remisión prejudicial parece ser un arreglo de cuentas en el ambiente en que algunos ciudadanos neerlandeses ejercen la profesión de floristas en la cuenca del Ruhr.

Según los autos que se han comunicado, el litigio nació en las siguientes circunstancias:

Según afirma cierto señor van der Putte, neerlandés, domiciliado a la sazón en Wuppertal-Barmen, que ya era propietario aparente de dos almacenes de flores situados uno en Solingen y el otro en Wuppertal-Barmen, el señor Sanders, otro neerlandés igualmente domiciliado a la sazón en la República Federal de Alemania, sustituyó a dicho señor van der Putte, en febrero de 1973 y con efectos del 5 de marzo de 1973, en la explotación de un comercio de flores situado en Wuppertal-Elberfeld. La cantidad debida por la ocupación del local comercial se fijó en 700 DM por semana, por «razones de simplificación», Sanders abonaría directamente el alquiler principal, que ascendía a 1.900 DM mensuales, al verdadero propietario del inmueble, que era una sociedad alemana de seguros. Sanders debía además pagar, como indemnización por la clientela o como traspaso, 25.000 DM o HFL (este punto no está claro). Por lo demás, este contrato debía regularse por las cláusulas aplicables al traspaso del almacén del mismo tipo, sito en Wuppertal-Barmen, formalizada mediante acta notarial de 21 de agosto de 1972, entre los señores van der Putte, arrendador y Sanders, arrendatario, acompañado de su esposa.

Sanders estaba dispuesto a cumplir el contrato, no obstante, informó a van der Putte que era necesario el consentimiento de su esposa, ya que ella también formaba parte del negocio de Wuppertal-Barmen. Ahora bien, no. se obtuvo este consentimiento.

En definitiva, Sanders no empezó a ejecutar el contrato hasta el 17 de abril de 1973 y tan sólo comenzó la explotación del comercio situado en Wuppertal-Elberfeld cuando el Presidente del tribunal de primera instancia de Arnhem le intimó, mediante procedimiento sumario, el 10 de abril de 1973, a entrar en posesión de dicho local so pena de una multa de 300 HFL por día de retraso. No obstante, no fueron abonadas las sumas acordadas en concepto de alquiler debido al propietario (1.900 DM por mes) ni en concepto de alquiler del establecimiento mercantil (700 DM por semana) ni tampoco la indemnización por la clientela.

Mediante requerimiento de 3 de julio de 1973, van der Putte exigió, además del pago del traspaso y de los atrasos de los mencionados arrendamientos, el pago de una suma de 21.794 HFL acordada por escrito en concepto de transmisión de las existencias y de diversas mercancías. De esta suma Sanders abonó tan sólo 19.635,94 HFL.

Mediante resolución de 10 de enero de 1974, el tribunal de primera instancia de Arnhem suspendió el procedimiento y ordenó la comparecencia de las partes ante el Juez competente a efectos de instrucción.

Van der Putte apeló esta resolución ante el tribunal de apelación de Arnhem.

Más tarde, como el propietario del local situado en Solingen rescindió el arrendamiento con van der Putte y trató directamente con Sanders, parece que van der Putte solicitó al Landgericht de Wuppertal que ordenara a Sanders abandonar el inmueble. No tengo más información sobre el resultado de este procedimiento.

Mediante resolución interlocutoria de 3 de diciembre de 1975, el tribunal de apelación de Arnhem adjudicó a van der Putte el saldo que aún le adeudaba Sanders por el traspaso de las existencias, es decir, 2.158,06 HFL. Opinó que era verosímil la existencia de un acuerdo en tal sentido, en atención a las pruebas presentadas, pero autorizó a Sanders a presentar prueba en contrario.

Como Sanders no la presentó, el tribunal de apelación de Arnhem resolvió, mediante sentencia definitiva de 4 de mayo de 1976, sobre las pretensiones relativas al arrendamiento y a la indemnización por la clientela: se reconoció fundada la petición del pago del alquiler hasta el 1 de enero de 1976, fecha en que Sanders denunció el arrendamiento discutido y se adjudicó a van der Putte una indemnización de 25.000 HFL por la clientela.

En el curso del procedimiento ante el tribunal de Arnhem, Sanders opuso la excepción de incompetencia de dicho tribunal, aún suponiendo que se hubiera celebrado un contrato válido entre las partes -lo que no admitía Sanders-, dicho contrato hubiera incluido una cláusula atribuyendo competencia al tribunal de Wuppertal, lugar donde estaba sito el almacén.

En su sentencia definitiva, el tribunal de Arnhem desestimó esta excepción basándose en el primer párrafo del artículo 17 del Convenio relativo a la competencia judicial y ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil, que entró en vigor el 1 de febrero de 1973 (EE 01/01 p. 186), no existía ningún acuerdo escrito o verbal ratificado por escrito que implicara esta prórroga de competencia. En efecto la comparecencia de Sanders no había tenido exclusivamente por objeto impugnar la competencia del Juez neerlandés y esta cuestión de competencia no se planteó efectivamente hasta una fase posterior del procedimiento. No obstante, el tribunal de Arnhem añadió de oficio, sobre el pretendido fundamento del artículo 19 del Convenio de Bruselas, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil, un considerando sobre su artículo 16, redactado como sigue:

«Considerando que procede tener en cuenta lo dispuesto por el número 1 del artículo 16 del Convenio, en virtud del cual

“con independencia del domicilio, tendrán competencia exclusiva:

o) en materia de derechos reales inmobiliarios y de arrendamientos de inmuebles, los tribunales del Estado contratante en que el inmueble esté sito […]”

Considerando

que, en opinión del tribunal, suponiendo que se haya celebrado un contrato entre las partes, el acento se pone menos en la entrega para usar, contra un pago, de un inmueble determinado, -que por lo demás el apelante, van der Putte, tenía tan sólo como arrendatario— que la entrega para usar, contra un pago, de un conjunto de uso comercial, calificado a los efectos del procedimiento, de arrendamiento de establecimiento mercantil,

que en esta materia no son aplicables las razones que, según el informe de Paul Jenard sobre el Convenio, llevaron a atribuir competencia exclusiva, en caso de litigio relativo a los derechos reales inmobiliarios o arrendamientos de inmuebles, al Juez del Estado en que está sito el inmueble, a partir de que los arrendamientos de inmuebles están, en general, regulados por disposiciones legales particulares y que es preferible que la aplicación de estas disposiciones sea competencia exclusiva del Juez del Estado en que están en vigor,

que, por lo tanto, no se trata en este caso de una demanda relativa a un arrendamiento en el sentido del artículo 16 del Convenio y que, por ello, no hay razón para que el Juez neerlandés se declare incompetente.»

Son estos los motivos que fueron objeto de un recurso de casación interpuesto por Sanders y que han llevado al alto órgano jurisdiccional neerlandés a recurrir con carácter prejudicial a este Tribunal de Justicia, en virtud de los artículos 2 y 3 del Protocolo de 3 de junio de 1971 (EE 01/02, p. 28), de acuerdo con las conclusiones de su Ministerio fiscal. El tribunal de casación opina, en efecto, que la excepción prevista a la norma del artículo 18 del Convenio se incluye en la prolongación del artículo 19 y que «no producirán efectos los acuerdos atributivos de competencia si […] excluyen la competencia de tribunales cuya competencia sea exclusiva en virtud del artículo 16 (párrafo segundo del artículo 17)». La competencia exclusiva basada en el artículo 16 —que debe examinarse incluso de oficio cuando se solicita el reconocimiento o ejecución de una resolución judicial (párrafo primero del artículo 28 y párrafo segundo del artículo 34)— no depende de cualquier comportamiento de las partes dentro o fuera del procedimiento.

Por esta razón el tribunal de casación de los Países Bajos planteó a este Tribunal de Justicia, mediante resolución de 10 de junio de 1977, las siguientes cuestiones:

«1)

Por “arrendamientos de inmuebles”, en el sentido del inicio y del número 1 del artículo 16 del Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en material civil y mercantil, ¿hay que entender también un contrato relativo al “arrendamiento” de un establecimiento mercantil explotado en un inmueble alquilado a un tercero por el arrendador?

En caso de respuesta afirmativa, la norma de la competencia exclusiva de los tribunales del Estado en el que está sito el inmueble, ¿se aplica igualmente a una demanda, basada en dicho contrato y que tenga por objeto:

el pago del “importe de la renta” del establecimiento mercantil, o

el pago por el arrendatario del importe debido, a su vez, por él arrendador al propietario del inmueble, o